Voluntad Anticipada en la CDMX: Un paso hacia la autodeterminación y la muerte digna

 Autonomía del paciente y gestión del final de la vida: El nuevo convenio de voluntad anticipada 2026

Este marzo de 2026, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y el Colegio de Notarios han renovado y fortalecido su convenio de colaboración. El objetivo es claro, se busca facilitar que los ciudadanos ejerzan su derecho legal a decidir sobre los tratamientos médicos que desean recibir o en su defecto rechazar, en caso de padecer de una enfermedad terminal o irreversible, evitando lo que jurídicamente conocemos como "obstinación terapéutica" (prolongar la vida por medios artificiales de forma innecesaria).

Desde mi perspectiva este convenio toca puntos neurálgicos de la gestión moderna y de igual forma toca puntos sensibles para la sociedad.

-- Certeza Jurídica y desjudicialización: El documento de voluntad anticipada ante notario otorga una protección legal inmediata tanto al paciente como al personal médico. Esto reduce los conflictos ético-legales en las unidades de cuidados intensivos (UCI), donde a menudo la familia y los médicos se enfrentan por decisiones al final de la vida. Contar con un documento notariado es la "llave" que libera al hospital de una responsabilidad jurídica incierta. 

-- Eficiencia en el gasto y cuidados paliativos: La noticia destaca que ya son más de 27 mil personas en la CDMX quienes han suscrito este derecho. Desde la gestión, esto permite reorientar los recursos de tratamientos curativos inútiles hacia protocolos de cuidados paliativos. Actualmente la administración en sistema de salud en el año en curso también significa gestionar una muerte digna y sin dolor, optimizando el uso de camas de alta especialidad para pacientes con posibilidades de recuperación.

-- Accesibilidad y costos preferenciales: El convenio establece costos reducidos hasta el 31 de diciembre de 2026:

$750.00 + IVA para los adultos mayores de 65 años.

$1,600.00 + IVA para el resto de la población. 

En instituciones de salud, el formato es gratuito para pacientes ya diagnosticados.

Esto es una medida de política pública que busca que el factor económico no sea una barrera para el ejercicio de un derecho humano fundamental.

Como he mencionado en otras publicaciones del blog, con la llegada de la Credencia Única, el sistema de salud mexicano está intentando unificarse no solo en lo técnico, sino en lo humano. Sin embargo, el reto administrativo sigue siendo la difusión. De nada sirve tener un convenio con notarios si el personal en el primer nivel de atención no sabe orientar al paciente sobre este derecho.

La voluntad anticipada no es eutanasia (que sigue siendo ilegal en México); es el derecho a la autodeterminación.

¿Estamos listos en nuestros hospitales para respetar esta voluntad por encima de la presión familiar o institucional?